Sociedad
En la actualidad existen en España 150 Clubes Sociales Cannábicos.

Cánnabis: en busca de un modelo de regulación

Más de la mitad de las comunidades autónomas, algunas con el apoyo incluso del PP, han aprobado ya propuestas relacionadas con la legalización de esta sustancia

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Vie, 4 Ago 2017

El debate está abierto. Cada vez son más las propuestas e iniciativas parlamentarias que instan a legalizar el uso terapéutico e incluso recreativo del cannabis.

En buena parte de las comunidades autónomas de nuestro país ya se han creado comisiones de estudio para ver hasta dónde pueden llegar en la regulación e instar al Gobierno a que regule.

Así lo explica a ELPLURAL.COM Héctor Brotons, asesor jurídico de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), una entidad que defiende desde hace años una regulación clara del auto cultivo individual y colectivo, incluyendo las actividades de los Clubes Sociales Cannábicos (CSC), de forma que se sepa con claridad cuáles son los requisitos a cumplir y los límites a respetar.

Del mismo modo, la agrupación apuesta por establecer mecanismos de control preventivos que permitan fiscalizar la actividad de las asociaciones sin necesidad de recurrir a operaciones policiales “que pisotean los derechos y libertades de un buen número de personas, y que suponen un coste innecesario para el erario público”.

 Los clubes sociales

El modelo de regulación que la FAC propone se basa en la autoregulación que ellos mismos han hecho a lo largo de los últimos años con los CSC. Con el apoyo de las instituciones, aseguran “este sistema podría reducir los principales problemas asociados a las drogas; disminuiría el volumen del mercado negro, los consumidores accederían a sustancias no adulteradas y de calidad, se impediría el acceso a menores de edad, de manera que se reduciría la probabilidad de futuros malos usos de la sustancia, y sería accesible para usuarios terapéuticos”.

A día hoy, aclara a este medio el asesor de la Federación, estos clubes “no están ni prohibidos ni regulados, de manera que depende de la “interpretación que se haga de la ley. Hasta que en 2015 el Tribunal Supremo dijo que este tipo de actividades era delictivo, todos los jueces, incluídas las audiencias provinciales absolvían, entendiendo que entraba dentro de la autoregulación del consumo”.

Código de buenas prácticas

En la actualidad, según datos de la FAC hay unos 150 clubes de estas características en España, y aproximadamente otros 200 en proceso de formación. Se rigen todos ellos por un código de buenas prácticas, un sistema de control que persigue “demostrar que no hay una difusión indiscriminada”, subraya este abogado y activista.

Son asociaciones sin ánimo de lucro, que se abastecen y reparten la sustancia entre sus socios, los cuales deben consumirla en un ámbito privado. Funcionan democráticamente y producen bajo demanda de un círculo cerrado de personas adultas.

Para ingresar en cualquier club es necesario estar avalado por un socio que certifique que el nuevo integrante es consumidor previo.  Asimismo, las asociaciones se rigen por políticas que “eviten riesgos y consumidores problemáticos”, por lo que se establecen límites de consumo. La Federación fija en torno a 60 gramos por persona al mes.

A través de estas agrupaciones, reitera Brotons, se evitan las consecuencias del mercado negro y que los consumidores se mezclen con ámbitos delincuenciales.

Del mismo modo, las asociaciones realizan un papel importante en la “difusión de información”, principalmente entre aquellas personas que utilizan el cannabis desde el punto de vista medicinal.

La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) no niega que el consumo abusivo tal y como demuestran muchos estudios científicos tengan serias repercusiones sobre la salud y provoque daños cognitivos y trastornos psicóticos. Su objetivo es, subraya su asesor jurídico, “informar a la gente para que tenga el poder y la libertad para no autolesionarse”. Y una cosa dejan clara: “tratar a los consumidores como enfermos o delincuentes como se ha hecho hasta ahora de nada vale”.

No hay pruebas a día de hoy de que legalizar implique mayor consumo, es más, en Cataluña, región con más número de clubes, “el consumo ha descendido”, apunta Brotons.

El informe GEPCA

Aunque hay puntos de discrepancia, la FAC da por válido también el modelo de  regulación que propone el Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), un equipo que tampoco niega los problemas que genera la adicción, pero que aboga por una política de reducción de daños, que permita afrontar solo los problemas derivados de la enfermedad sin tener que abordar también los de criminalidad asociados al tráfico ilegal.

Dentro de este grupo, del que forma parte el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, “hay personas que antes eran prohibicionistas y que se han dado cuenta de que no vale de nada”, subraya Brotons.

Con la legalización seguiría habiendo enfermos, indica GEPCA, pero se evitarían los daños causados por el tráfico ilegal y las mafias.

A favor, incluso el PP

Son muchas las propuestas que se han llevado a cabo en relación a la regulación del cannabis. En el País Vasco se ha aprobado una ley de drogodependencia en la que se reconocen los clubes sociales, aunque ha sido recurrida por la abogacía del Estado. Lo mismo ha pasado con la normativa aprobada en Navarra y, “pasará también con la recién creada en Cataluña”.

Sin embargo, el cambio ha comenzado y es, según el asesor jurídico de la FAC, “imparable”. Hasta el Partido Popular ha votado a favor en algunos casos, como en el murciano. La Asamblea Regional de esta comunidad ha aprobado una propuesta no de ley (PNL), donde insta al Gobierno a que regule los clubes.

También en Cantabria se ha exigido por unanimidad la regulación del cannabis desde el punto de vista terapéutico. En este caso el diputado popular Eduardo Van den Eynde, enfermo de cáncer, ha tenido mucho que decir. Y en Valencia,  Podemos, Compromís y PSPV han presentado una propuesta sobre la necesidad de regular el consumo de esta sustancia. 

Desde el punto de vista urbanístico, también muchos ayuntamientos han creado ordenanzas para regular la instalación de los Clubes Sociales Cannábicos. El último en hacerlo ha sido el de Sant Joan, en Alicante. “Esto también supone dar un paso”, insiste este abogado, ya que dan así “reconocimiento y un estatuto jurídico que permite aplicar a los jueces lo que se conoce como el error de prohibición”. Muchas normativas municipales, incluso, van más allá y “hablan del transporte y la autoproducción de cánnabis, lo que excede sus competencias, y no han sido recurridas por la abogacía del Estado”. 

“Una relación con la sustancia en la oscuridad y sin luz, solo trae problemas”, concluye Héctor Brotons. La hora de “regular, separar mercados, controlar la calidad y pagar impuestos”, ha llegado.